La Diputación Provincial de Soria se mantiene afianzada entre las instituciones provinciales que cumplen con los parámetros exigidos en la tabla de transparencia analizados por la ONG Transparencia Internacional España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) por lo que respecta a los dos test llevados a cabo hasta la fecha correspondientes a enero-febrero y a julio. En ambos, los resultados garantizan que la institución provincial de Soria publica directamente sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) así como que cumple con la ley en estos parámetros.
En el análisis elaborado a principios de año, la Administración provincial formaba parte del exclusivo grupo de 18 entidades, de 45 analizadas, que cumplían con los requisitos de transparencia exigidos, lo que supone solamente un 40% del total de diputaciones. En el último estudio realizado el pasado mes de julio, la Institución provincial continúa entre las pioneras, si bien el grupo de las ‘cumplidoras’ ha aumentado, pasando de 18 a 27 entidades (un 60%) de las 45 examinadas.
En el plano positivo hay que señalar que el colectivo de las diputaciones es en el que se ha dado el mayor nivel de mejora respecto al primer análisis, si bien estos datos dejan sobre la mesa el hecho de que aún un 40% de las administraciones provinciales en nuestro país contraviene las exigencias de legalidad.
En este sentido, hay que resaltar que el estudio ha reclamado datos de forma individualizada sobre el nivel de cumplimiento legal y publicación de contratos y licitaciones en la PCSP por parte de: a) los 110 grandes Ayuntamientos, b) los 19 Parlamentos, c) las 17 Comunidades Autónomas, d) las 45 Diputaciones provinciales, y e) las 51 Universidades pública. De acuerdo con estos datos y por lo que respecta a las entidades vinculadas con Soria, los resultados satisfactorios se centran en La Diputación, el Ayuntamiento de la capital y la Universidad de Valladolid (Campus de Soria) al cumplir con las dos exigencias, al contrario que la Junta de Castilla y León que no ha formado parte de las Comunidades Autónomas ‘cumplidoras’ con los dos preceptos en ninguno de los dos test sobre transparencia en la publicación de contratos y licitaciones.
El nuevo análisis realizado por TI-España y el OCP en julio de 2016 pone de manifiesto ciertas mejoras en el nivel de cumplimiento en algunas de estas instituciones, pero en todo caso y según recoge el informe de Transparency International España, “sigue siendo inaceptable y realmente preocupante el mayoritario incumplimiento legal por las entidades públicas de este país”.
Transparencia Internacional España, explica en su propia página web, realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público,en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado.
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