EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE SORIA APOYA LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE PRESIDENTES DE GOBIERNO LOCALES APROBADA EN ORENSE EL 22 DE MARZO

El Pleno de la Diputación Provincial de Soria ha mostrado su respaldo de manera unánime a la Declaración Institucional de Presidentes de Gobierno Locales aprobada en la primera conferencia el pasado 22 de marzo.
En el texto, además de una defensa clara y firme hacia la provincia como garante de los intereses y defensora de la población que en ella reside, incluye uno de los párrafos incluidos dentro de la Ponencia presentada por el presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo, y en la que se demandaban medidas fiscales especiales para aquella provincias con claro riesgo de despoblación y dispersión poblacional, como es el caso de Soria.
Los tres grupos políticos que componen la Corporación Provincial han dado su apoyo a esta Declaración Institucional que a continuación se incluye:
 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DE
PRESIDENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES
 
Ourense, 22 de marzo de 2014
 
 
Los gobiernos provinciales, tras 200 años de existencia, no son solo una realidad administrativa, de geografía política y naturaleza constitucional, sino que son, además, una realidad social, aceptada por la ciudadanía y que supone una identificación de los diferentes colectivos territoriales con una institución en ese ámbito geográfico que es la Provincia.
 
Junto a esa realidad histórica, política y social, la Provincia tiene un carácter de espacio necesario por determinación constitucional, en tanto en cuanto nuestra Carta Magna de 1978 la recoge de forma expresa como un nivel de gobierno, además de ser una circunscripción necesaria para el cumplimiento de los fines de la Administración estatal. Asimismo, en buena parte de los estatutos de autonomía la Provincia constituye una circunscripción igualmente indispensable para la organización territorial de la propia Comunidad Autónoma.
 
La Provincia, por tanto, tiene una existencia necesaria, y su representación en cuanto nivel de gobierno, que reconoce el artículo 137 de la Constitución, en relación con el 141, se atribuye a las Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares a los que somete a una elección democrática y a una representación del colectivo provincial vecinal.
 
Es necesario reivindicar el papel de la Provincia no solo como auténtico nivel de gobierno que garantice los intereses de la colectividad provincial, sino también como verdadero ámbito para la prestación de servicios a los municipios, y todo ello sin perjuicio de las necesarias actualizaciones de la institución, tanto desde un punto de vista legislativo como de acercamiento a la realidad social, especialmente mediante la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los criterios de transparencia. Así pues, debemos reivindicar el nivel de gobierno local provincial, primero como auténtico nivel de gobierno, esto es, con una capacidad autónoma para gestionar políticas propias en el ámbito de sus competencias, y, por otro lado, como nivel administrativo necesario, que coopere y coadyuve a las funciones municipales, que fomente el territorio provincial en su contexto, y que preste servicios a los ciudadanos, especialmente en los municipios de menor tamaño.
 
El nuevo marco competencial y de racionalización tiene que venir indispensablemente acompañado de un nuevo marco de financiación, no solo para las provincias sino también para los municipios que, por primera vez en nuestra historia, debería encadenarse de manera necesaria a un marco de financiación autonómico.
 
En esta línea, la presencia de los municipios y provincias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, es indispensable a los efectos de garantizar las correspondientes distribuciones de fondos entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los gobiernos provinciales y entidades locales. Solo así se podrá garantizar la correcta prestación de los servicios a todos los españoles en plena igualdad en todo el territorio nacional.
 
Ante el problema real de despoblación que se viene produciendo en el medio rural, consideramos necesaria la aplicación de políticas de discriminación positiva en el ámbito fiscal y económico a la vez que se habiliten mecanismos de reparto de fondos procedentes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, basados en indicadores en los que se barajen no solo la población, sino también financiación especial para aquellas provincias y territorios con un claro riesgo de despoblación y falta de recursos que pueden provocar en un breve período de tiempo escenarios de grandes extensiones de territorio deshabitado en lugares donde hay porvenir y posibilidades de futuro.
 
En ese sentido, entendemos como necesaria una potenciación de las provincias en el marco de la estructura administrativa española, condición indispensable para evitar la supresión de municipios u otras entidades locales, dado el carácter subsidiario de la actuación de la Provincia, en complementariedad con los municipios, que, además, facilitará economías de escala, promoviendo la delegación de funciones y el acercamiento de los servicios a los ciudadanos.
 
Es, por tanto, la hora de las provincias, actualizadas, pero manteniendo siempre su vigor histórico, su servicio permanente y su constante adecuación a las necesidades de la ciudadanía de la mano de los municipios, respetando el papel clave de la Provincia como nivel de gobierno local.
 
 
Soria, 4 de abril de 2014